La desigualdad social sigue siendo un problema central en Argentina, con marcadas diferencias en ingreso, acceso a servicios y oportunidades entre regiones y sectores de la población. Según el INDEC, el 30% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y la brecha entre el ingreso del quintil más alto y el más bajo se mantiene en niveles elevados, alrededor de 15 a 1.

El acceso a la educación y la salud representa uno de los factores más relevantes en la perpetuación de la desigualdad. Mientras que en el área metropolitana la cobertura y calidad educativa alcanzan niveles cercanos a los estándares internacionales, en provincias del norte y noroeste la deserción escolar y la falta de infraestructura limitan significativamente las oportunidades de desarrollo.

La vivienda y el hábitat también reflejan las disparidades sociales. Un informe del Banco Mundial indica que más del 12% de la población urbana vive en barrios con déficit de servicios básicos, como agua potable, electricidad o transporte adecuado. Estos factores inciden directamente en la calidad de vida, la movilidad social y la salud de los habitantes.

En el mercado laboral, las brechas de empleo formal, salarios y acceso a capacitación profesional profundizan la desigualdad. Los trabajadores informales perciben ingresos promedio significativamente menores y carecen de cobertura social, mientras que los sectores de alta calificación acceden a mejores condiciones laborales y estabilidad. Esto genera un círculo que reproduce la desigualdad generacional y territorial.

El Estado nacional y los gobiernos provinciales han desarrollado políticas de inclusión social que buscan mitigar estas diferencias. Programas de transferencias monetarias, subsidios a servicios básicos, fortalecimiento de la educación técnica y promoción de empleo formal han mostrado resultados parciales, pero la magnitud del desafío requiere continuidad y coordinación multisectorial.

Organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales destacan la necesidad de integrar estrategias económicas, educativas y sociales para lograr un impacto sostenible. La evidencia demuestra que políticas aisladas tienen efectos limitados, mientras que programas integrales de desarrollo comunitario y acceso a oportunidades pueden reducir la desigualdad en plazos medianos.

En conclusión, la desigualdad social en Argentina constituye un desafío estructural que requiere políticas consistentes, inversión estratégica y coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil. Reducir estas brechas no solo mejora la equidad y la cohesión social, sino que fortalece el potencial económico y la resiliencia del país frente a crisis futuras.