Las provincias mineras insisten en actualizar la Ley de Glaciares porque, con la normativa actual, quedaron prohibidas actividades en zonas donde no hay hielo ni reservas de agua que cuidar. Esa clasificación excesivamente amplia generó que muchos proyectos estratégicos fueran frenados sin necesidad real. 

La falta de una definición clara tiene un impacto directo en la economía: en San Juan, cuatro proyectos de cobre podrían atraer US$30.000 millones entre 2026 y 2031 y generar 40.000 empleos directos, pero hoy siguen sin avances porque no está claro qué zonas pueden habilitarse. 

Los gobernadores remarcan que actualizar la ley no implica desproteger el ambiente. Lo que buscan es que se restrinjan las actividades mineras donde realmente haya hielo o reservas de agua que cuidar, y no en aquellas zonas donde no existe riesgo. Por ello, reclaman que la ley aclare qué zonas son realmente sensibles para destrabar las inversiones, crear empleo y desarrollar sus economías.