La reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso tendría un impacto fiscal estimado en el 0,83% del PBI, según un estudio privado. Si bien el proyecto es valorado como un avance hacia la modernización del mercado de trabajo.

De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, la mayor parte del costo fiscal corresponde a la reducción de las contribuciones patronales, que representa cerca del 0,5% del PBI. El 0,33% restante se explica por incentivos tributarios, entre ellos la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y la eliminación de algunos Impuestos Internos.

El proyecto, denominado “Ley de Modernización Laboral”, combina modificaciones en el régimen laboral con una serie de reformas impositivas. Entre los puntos destacados se encuentran la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la reducción de las alícuotas de Ganancias corporativas a partir de 2026, la eliminación de impuestos internos sobre distintos bienes y servicios, y la supresión de gravámenes específicos como el cargo a las entradas de cine destinado al INCAA.

Desde Invecq señalaron que, en términos generales, los avances hacia una modernización laboral resultan positivos y necesarios para un mercado que viene mostrando bajo dinamismo. En ese sentido, recordaron que el empleo privado registrado creció apenas un 3% desde 2012, mientras que el trabajo independiente aumentó un 42%, reflejando una adaptación informal del sistema.

No obstante, la consultora advirtió que no debe esperarse un impacto inmediato en la creación de empleo, ya que este seguirá condicionado por la evolución de la actividad económica. Además, si bien valoraron la simplificación tributaria, remarcaron que el proyecto no aborda impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones, cuya reforma profunda queda limitada por el actual margen fiscal.