Mariana Cademartori y Sebastián Martino, dueños de la empresa textil infantil Naranja Mandarina, denunciaron que un fallo de la Justicia laboral bonaerense los dejó al límite del cierre. La sentencia los obliga a pagar $190 millones y derivó en un embargo por $330 millones.

El conflicto se originó cuando uno de los revendedores de la marca se presentó ante la Justicia como empleado despedido. Aunque la relación era comercial, el tribunal consideró que se trataba de un viajante de comercio y dio lugar a la demanda por salarios, indemnizaciones y otros conceptos laborales, luego de que el propio demandante diera por finalizado el vínculo.

Según relataron los empresarios, la situación se agravó tras la aplicación del denominado “fallo Barrios”, que habilita la actualización de las condenas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De este modo, una sentencia inicial de $14 millones se transformó en una deuda de $190 millones, monto que calificaron como “desmedido e injusto”.

Mientras evaluaban la posibilidad de apelar ante la Suprema Corte bonaerense, Cademartori y Martino explicaron que la Justicia les exigió depositar el dinero para avanzar con el recurso, algo imposible de afrontar. En ese contexto, se dispuso el embargo de sus cuentas bancarias por $330 millones, lo que paralizó completamente la operatoria de la empresa y los dejó fuera del sistema financiero.

Los dueños de la pyme advirtieron que, si la Suprema Corte no acepta el recurso extraordinario antes de la feria judicial, la empresa enfrentará la quiebra. Además, alertaron que su caso no es aislado y que muchas pymes atraviesan situaciones similares por fallos laborales con montos impagables, que terminan destruyendo empresas y dejando a trabajadores sin empleo.