Una interna en un gremio clave para la industria metalúrgica llegó al fuero penal y encendió señales de alerta en empresas del sector. La disputa, originada en el proceso electoral del sindicato.

El conflicto se desató luego de que la junta electoral de ASIMRA bajara la lista opositora Azul y Marrón, encabezada por Carlos Gutiérrez, dirigente de la CGT regional Zárate-Campana. Tras esa decisión, Gutiérrez presentó una denuncia penal contra la conducción nacional del gremio, liderada por Luis García Ortíz desde 1983, por presuntos delitos de falsificación de documento público, estafa y asociación ilícita.

Según la oposición, nuevas pruebas incorporadas a la causa confirmarían múltiples irregularidades en la lista oficialista, vinculadas a candidaturas que no cumplirían con el estatuto, avales cuestionados y la inclusión de jubilados o empleados del propio sindicato. A partir de estos elementos, el sector disidente solicitó la nulidad de lo actuado por la junta electoral y avanzó con acciones penales.

El episodio más tenso ocurrió a fines de noviembre, cuando se oficializó la exclusión de la lista opositora por supuestos errores formales. Con el correr de las semanas y tras informes de organismos públicos, la oposición sostiene que las irregularidades estaban, en realidad, en la nómina oficialista, lo que profundizó la judicialización del proceso en plena feria judicial.

Mientras la Justicia analiza la causa, desde el sector empresario observan con preocupación la escalada del conflicto, ante el riesgo de que la crisis sindical derive en medidas de fuerza o tensiones en las plantas metalúrgicas. La definición del proceso electoral y la legitimidad de la conducción aparecen como claves para evitar un impacto mayor en la actividad industrial.