Las exportaciones mineras alcanzaron un máximo histórico en 2025 y reforzaron el rol del sector en la agenda económica. Sin embargo, el crecimiento convive con un desarrollo todavía limitado, trabas regulatorias y la necesidad de reglas claras para transformar el potencial geológico.

La minería se consolidó como uno de los pilares del plan económico del Gobierno, con exportaciones que superaron los US$ 6.000 millones en 2025, el nivel más alto de la historia. Este desempeño volvió a ubicar al sector en el centro del debate económico y político, aunque su peso en la economía sigue siendo reducido: representa menos del 1% del PBI, muy por debajo de países como Chile y Perú, donde explica cerca del 18%.

Un informe de la consultora Invecq advierte que existe una amplia brecha entre el potencial y la realidad productiva. De los más de 300 proyectos mineros identificados en el país, solo 26 están en producción y apenas el 11% de los vinculados a litio, cobre, oro y plata se encuentra en etapas avanzadas. Esta situación refleja tanto una oportunidad estratégica de largo plazo como el riesgo de no aprovecharla si persisten la incertidumbre macroeconómica y las trabas legales.

En ese contexto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una señal clave para atraer capitales. Los proyectos ya aprobados suman más de US$ 16.700 millones, con fuerte peso de la minería, y podrían ampliarse si avanzan nuevas iniciativas. El mayor salto potencial está en el cobre, un mineral central para la transición energética global, pero cuya producción en Argentina sigue siendo marginal por la falta de previsibilidad para proyectos de gran escala.

El informe también destaca el impacto en el empleo y el desarrollo regional, con más de 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos y salarios muy por encima del promedio. Para que el sector crezca de manera sostenida, Invecq plantea cuatro ejes: estabilidad macroeconómica, continuidad del RIGI, respeto al rol de las provincias y un marco ambiental claro. En particular, señala la necesidad de precisar la aplicación de la Ley de Glaciares con criterios científicos verificables, que permitan proteger el ambiente sin paralizar inversiones clave para el desarrollo del país.