La Ley de Inocencia Fiscal impulsa el blanqueo de ahorros no declarados, especialmente dólares, para incorporarlos a la economía formal. El Gobierno busca que esos fondos se destinen a inversiones y mayor actividad económica.

El proyecto apunta a incorporar los llamados “dólares del colchón” mediante cambios en el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial. Además, crea un sistema de declaración jurada simplificada que reduce exigencias informativas y busca incentivar la adhesión de personas físicas y jurídicas.

El principio central de la Inocencia Fiscal permite ingresar bienes no declarados sin justificar incrementos patrimoniales ni consumos, siempre que el patrimonio no supere los $10.000 millones. En la práctica, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, sin considerar el crecimiento del patrimonio.

La ley también prevé un “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración sugerida por ARCA y cumple con el pago, queda liberado de acciones posteriores, salvo que se detecten ingresos omitidos. Además, se suspenden acciones penales si se cancelan las deudas con intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Por último, la norma eleva los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito y reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. Aunque busca ampliar la base de contribuyentes y dinamizar la economía, el régimen genera debate por su impacto en la equidad tributaria y el control de la evasión.