La modificación en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que debatirá el Senado generó una dura reacción del sector empresario. Entidades mayoristas denunciaron que el nuevo texto otorga “impunidad” y una “doble garantía” para organizaciones sigan recaudando fondos millonarios sin rendición pública.

La controversia gira en torno a la reforma del artículo 128 de la Ley 14.250. El proyecto establece que, desde el 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias —los descuentos que los sindicatos aplican a trabajadores no afiliados— dejarán de ser obligatorias y que ningún empleado podrá sufrir descuentos sin su consentimiento expreso e individual. Además, fija un tope del 2% a los aportes destinados a asociaciones sindicales y limita al 0,5% las contribuciones patronales dirigidas a cámaras empresarias.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) advirtieron sobre un “conflicto de intereses” en el sector mercantil. Señalaron que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de las negociaciones paritarias y, al mismo tiempo, administran aportes obligatorios a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que se financia con un 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada uno de los 1,2 millones de trabajadores del sector.

Según Cadam, esos fondos —que el propio INACAP reconoció en sede judicial que superan los $30.000 millones anuales— no cuentan con una trazabilidad clara respecto de su destino. La entidad cuestiona que no se detalla cuánto se asigna efectivamente a capacitación y cuánto al sostenimiento institucional u otros gastos, y sostiene que con cada aumento salarial las cámaras “se autobenefician” al incrementar su recaudación mientras negocian en paritarias.

El reclamo empresarial también apunta a la proliferación de entidades de representatividad discutida que reciben aportes convencionales. Recuerdan que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había dispuesto mediante el Decreto 149/2025 el carácter voluntario de estos aportes. El proyecto en debate establece que, desde 2028, las contribuciones patronales a cámaras o asociaciones empresarias serán estrictamente voluntarias y no podrán imponerse por cláusulas convencionales, ni tampoco obligar a empleadores que no sean socios o asociados de las entidades beneficiarias.