El proyecto de Modernización Laboral que se debate en el Congreso incluyó cambios que podían impactar de lleno en el financiamiento sanitario. Entre ellos, una reducción de aportes patronales que hubiera recortado recursos destinados a obras sociales.

La iniciativa contemplaba bajar del 6% al 5% el aporte del empleador a las obras sociales sobre el stock actual de empleo. En términos reales, esa modificación implicaba una caída cercana al 13% en los ingresos que sostienen el sistema de salud. También se analizaba un recorte del 3% en contribuciones destinadas a distintos subsistemas de la Seguridad Social, en un contexto en el que los costos sanitarios crecen por encima de los salarios.

Finalmente, ese ajuste no se concretó. De haberse aplicado, habría reducido la capacidad de obras sociales y empresas de medicina privada para sostener prestaciones, invertir en tecnología y garantizar servicios. El impacto no solo habría alcanzado al sector privado y a la seguridad social, sino que también habría incrementado la presión sobre el sistema público.

El proyecto, además, incorpora la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial, destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Este nuevo esquema modifica la estructura de costos laborales, en un escenario donde el sistema sanitario ya muestra tensiones estructurales.

El sistema de salud argentino se organiza en tres grandes subsectores: el público, financiado por el Estado y de acceso universal; el de la seguridad social, a través de obras sociales y PAMI; y el privado, integrado por empresas de medicina prepaga. Actualmente, seis de cada diez habitantes cuentan con obra social o prepaga, mientras que más de tres de cada diez dependen exclusivamente del sector público. A su vez, cinco grandes prepagas concentran cerca del 70% de los afiliados del sector.

Referentes del sector advierten que cualquier debilitamiento del financiamiento privado o de la seguridad social termina trasladando demanda hacia los hospitales públicos, que ya enfrentan restricciones presupuestarias. También señalan que los prestadores conviven con aranceles rezagados, demoras en los pagos y una brecha creciente entre el aumento de cuotas y lo que efectivamente reciben quienes brindan servicios. En este escenario, sigue pendiente una reforma integral que ordene el sistema, actualice el Programa Médico Obligatorio y avance hacia una cobertura básica común que reduzca desigualdades y superposiciones.