Un informe del Centro CEPA reveló que entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en Argentina, antes de que estallara la situación en la empresa Fate. En ese período, el 63,2% de los conflictos estuvo vinculado a despidos.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se acumuló esa caída del empleo formal, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La industria fue la actividad más golpeada, concentrando el 62,1% de los casos relevados. Detrás de los despidos (63,2%), los principales motivos de conflicto fueron cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y crisis empresarias (7,8%).

Las ramas más afectadas dentro del sector industrial fueron la textil, alimentos, y la metalurgia y siderurgia, en un contexto marcado por la apertura de importaciones. El sector Servicios explicó el 16,9% de los casos, con mayor impacto en recreación y esparcimiento —como hotelería, restaurantes, bingos y casinos—, además de transporte, medios de comunicación y sanidad.

Las pequeñas y medianas empresas encabezaron la lista de afectados, con el 39,1% de los conflictos. Luego se ubicaron los conglomerados extranjeros (27,3%), muchas veces vinculados a procesos de importación o reducción de personal ante la caída del consumo; las grandes empresas (18,3%); los grupos económicos (11,9%); y finalmente las estatales (3,5%). En el 71,5% de los casos se trató de compañías de capital nacional.

Por sectores, el Primario acumuló el 9,5% de los conflictos —con mayor incidencia en hidrocarburos y servicios petroleros, pesca y minería—, mientras que el Comercio representó el 8,2%, siendo supermercados el subsector más comprometido. La Construcción explicó el 3,3% de los casos, con la obra privada como la más afectada.

En el plano geográfico, la región centro concentró el 48% de los conflictos: la provincia de Buenos Aires lideró con 25,8%, seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,3%).

Tras las elecciones del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se habían registrado 507 casos, con un promedio mensual de 24. Luego de los comicios, el promedio trepó a 42 conflictos por mes, acumulando 210 nuevos casos entre octubre y febrero de 2026.