El proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado reduce en tres puntos porcentuales las contribuciones patronales y abarata en 44% el costo por empleado del lado del empleador.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el costo fiscal directo anual de la reforma se redujo 48% respecto de la propuesta inicial: pasó de 0,89 puntos porcentuales del PBI a 0,47 p.p. El esquema incluye un aporte del 1% para grandes empresas y 2,5% para Pymes destinado al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que no alcanza a compensar la baja general de contribuciones.

La estrategia del gobierno de Javier Milei es que la reducción de alícuotas amplíe la base de trabajadores en blanco y, con ello, la recaudación previsional. Sin embargo, si no se produce ese efecto, el sistema jubilatorio podría absorber el impacto fiscal. Según IARAF, solo el aporte del 3% al FAL podría representar unos USD 2.600 millones anuales tomando el salario promedio del SIPA, y hasta USD 4.700 millones si se consideran las remuneraciones asalariadas de las Cuentas Nacionales del INDEC.

Excluyendo la remuneración, el costo laboral para el empleo registrado —desde la óptica del empleador— baja de 27% a 15%. El régimen de incentivo a la formalización laboral tendrá una vigencia de 48 meses y apunta especialmente a sectores con alta informalidad, como la construcción.

En comparación internacional, IARAF analizó la llamada “cuña fiscal” (aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias) en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Con una carga del 34,6%, Argentina ocupa el puesto 25 entre 39 países relevados, por debajo del promedio del bloque. Con la reforma, la cuña bajaría a 34,1% para grandes empresas y a 33,4% para Pymes, manteniendo la misma posición relativa. En el caso del régimen promocional, descendería a 27,8%, lo que llevaría al país al puesto 32.

El debate reaviva antecedentes de los años noventa y comienzos de los 2000, cuando se redujeron contribuciones patronales sin lograr el efecto esperado en la creación de empleo y con impacto negativo en el financiamiento previsional. En un contexto de bajo crecimiento y débil elasticidad de la demanda laboral, la incógnita vuelve a ser si la menor carga tributaria alcanzará para generar más empleo formal o si el costo terminará recayendo sobre el sistema jubilatorio.