Un fallo judicial suspendió provisoriamente la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La decisión se da en un contexto de disputa entre el Gobierno y las universidades públicas. El tema se convirtió en uno de los ejes del debate político.

El Ejecutivo sostiene que la norma presenta problemas de constitucionalidad vinculados a su financiamiento. Por ese motivo, avanzó con presentaciones judiciales para frenarla. La causa podría llegar a instancias superiores.

Desde el ámbito universitario alertan sobre la crítica situación presupuestaria. Señalan que la falta de fondos impacta en salarios y funcionamiento. El conflicto sigue abierto a la espera de una resolución definitiva.