El Ejecutivo nacional avanzó con un recorte significativo en educación. La reducción supera los $78.000 millones y afecta a universidades de todo el país. También se frenaron proyectos de infraestructura en distintas etapas.

Referentes del ámbito académico cuestionaron la medida. Afirmaron que limita el desarrollo institucional y académico. Asimismo, advirtieron sobre el impacto en estudiantes y trabajadores.

El Gobierno argumentó que el ajuste responde a la necesidad de equilibrar las cuentas. Señaló que se trata de una política general de reducción del gasto. La decisión generó rechazo en amplios sectores educativos.